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Más de un centenar de mujeres han sido encarceladas desde el año 2000 en El Salvador, en el marco de su legislación que castiga con pena de prisión cualquier tipo de aborto, en cualquier circunstancia.  Otros cuatro países latinoamericanos ostentan leyes similares −Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Chile―  y exponen a gran número de mujeres a situaciones difíciles, debiendo comparecer ante la corte tras abandonar una cama de hospital, acusadas de homicidio agravado. Se trata de mujeres que son amas de casa, empleadas domésticas, estudiantes de Secundaria, trabajadoras, camareras,  e infinidad de profesiones diferentes, pero con al menos una cosa en común.


Días atrás en El Salvador, grupos feministas y a favor de la libre elección lanzaron una campaña por la excarcelación de 17 mujeres acusadas de homicidio agravado tras haber sido ingresadas en hospitales públicos como consecuencia de  abortos.

Organizaciones a favor de los derechos de la mujer han solicitado al congreso salvadoreño un indulto especial para estas mujeres, que si los tres poderes del Estado –legislativo, ejecutivo y judicial—aprueban, podría tener andamiento.


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